Autoritarismo y racismo en el Perú. Cultura reaccionaria o negacionismo político.

La tentación autoritaria en el Perú

Por: Alberto Adrianzén Merino (Sociólogo y periodista)

Los ataques a la congresista nacionalista Hilaria Supa bien pueden ser un punto de inflexión que marque el inicio de un nuevo talante de las élites en este país. Y si bien todos estos años hemos tenido manifestaciones racistas, las ultimas, como nunca, han estado ligadas a la política. El argentino Natalio Botana ha dicho que representar (políticamente) es “hacer presente una cosa”. Por ello no nos debe extrañar que hoy día el autoritarismo busque que los sectores populares no tengan representación política. La propuesta autoritaria, en este contexto, apunta a la construcción de una sociedad en la cual el conflicto, que se deriva de la diversidad de intereses, muchos de ellos contrapuestos, sea visto siempre como una amenaza que hay que combatir. Es el camino a una sociedad homogénea, una suerte de fascismo criollo, que cree encontrar en todo adversario a un enemigo que es necesario liquidar. Sin embargo, el autoritarismo de las élites no sólo se debe a este temor por las clases populares sino –también- a este otro temor que se ponga fin a un modelo económico y a una democracia elitista que es, justamente, la nutriente de su espíritu autoritario y de sus privilegios. Lo que se viene en el corto plazo es la defensa cerrada de todo ello.

Una de las consecuencias más visibles y nefastas del régimen fujimorista es que legitimó al autoritarismo como una suerte de cultura política, pero también como una manera de gobernar y en la cual la violencia fue uno de sus componentes más importantes. Carlos Tapia ha dicho, más de una vez, que el fujimorismo fue, en cierta manera, una proyección del senderismo en la política al encontrar en la violencia, como sucedió con el senderismo, una de sus fuentes de legitimación del poder.

Por eso el autoritarismo no sólo lo debemos entender, como plantea Adam Przeworski (1986), como la capacidad de un aparato de poder de ejercer un control ex ante y un control ex post sobre la sociedad; es decir, la capacidad de ejercer un control real tanto sobre los procedimientos como sobre las decisiones al mismo tiempo. Los procesos electorales bajo regímenes autoritarios, como sucedió en los años del fujimorismo, son buenos ejemplos de esta definición. Sin embargo, el autoritarismo debe ser entendido también como un pacto de dominación entre ese aparato de poder y las élites como consecuencia de la mayor o menos intensidad que asume el conflicto social entre las clases. Por ello, el autoritarismo tiene varias dimensiones: es un estilo de gobernar, es una manera de disciplinar a los sectores populares y, en algunos casos, una política orientada a cambiar el patrón de acumulación y al propio Estado. Su fuerza, es decir su capacidad de ejercer más o menos violencia, va a depender de la intensidad del conflicto entre los distintos grupos sociales pero también de la correlación de fuerzas entre los actores políticos. Dicho de otra manera: Fujimori no es Pinochet, pero ambos cumplieron roles similares.

Por eso, lo que diferencia entre un régimen autoritario de otro democrático es la manera en que ambos, como se dice, domestican el conflicto social. Mientras que el primero usa la violencia como principal mecanismo y la corrupción o, simplemente, la desaparición de las instituciones basadas en el derecho, el segundo, el democrático, lo hace de acuerdo a ley y en el respeto a los derechos ciudadanos. Sin embargo, creo que en el caso peruano el otro componente que explica el autoritarismo es el racismo. Ahora bien, si se acepta lo dicho, la pregunta es por qué es posible vincular autoritarismo y racismo.

La cultura reaccionaria

Acaso lo más sorprendente de lo que hoy podemos llamar el “caso Supa” no sea tanto las columnas que se han escrito en contra de esta congresista nacionalista sino, más bien, el apoyo, directo e indirecto, que vienen recibiendo estas posiciones. Y, si bien se puede destacar como dato positivo la reacción contraria -mayoritaria por cierto- que este hecho ha suscitado en diversos medios y grupos, es importante continuar con este debate porque el mismo encierra algunas claves que nos ayudan a entender la actual situación que tiene como uno sus componentes la ofensiva de una extrema derecha que levanta nuevamente las banderas del autoritarismo y, también, del racismo.

Aníbal Quijano ha dicho que el principal factor de legitimidad para seguir segregando y explotando a la mayoría de peruanos como también el principal argumento de las clases dominantes para continuar en el poder es el racismo. Así, raza, poder, dominación y explotación son pues conceptos útiles para entender el pasado y presente tanto del país en su conjunto como de las élites.

Es cierto que el racismo es como la marea. Hay momentos en que sube como también hay épocas en que baja. Los años setenta bajo el gobierno de Velasco, por ejemplo, fueron tiempos en que el racismo bajó de nivel. Hoy estamos en tiempos de marea alta.

En este contexto la pregunta es la siguiente: por qué el racismo persiste en nuestra sociedad o, mejor dicho, por qué las prácticas y los discursos racistas son como las mareas: van y vienen, y por qué son fuente para legitimar una dominación.

Hace algunos años, Fernando de Trazegnies expuso en diversos trabajos –todos ellos de gran calidad- su tesis de la “modernización tradicioanalista” para entender la historia del país. Esta idea, que bien se puede resumir en la metáfora que nos dice que las élites eran capitalistas (o modernas) en la sala de su casa pero feudales en la cocina, señala que el conservadurismo de estas élites era lo que dificultaba o impedía la modernidad en el país. Las ideas modernas (o los procesos de modernización y modernidad), al pasar por lo que este mismo autor llama “las aduanas ideológicas” de estos grupos, cambiaban de signo al ser absorbidas conservadoramente. Para emplear una frase de José Carlos Mariátegui: eran burgueses con espíritu feudal. Así, el liberalismo y su proclama de igualdad y libertad, por ejemplo, fue empleado, como también dice de Trazegnies, para defender la semiesclavitud de los llamados “coolíes” chinos. El fundamento era la libertad de contrato.

Sin embargo, lo que hay que señalar es que en el país lo que existe no es un grupo social conservador que cada cierto tiempo se refuncionaliza ideológica y políticamente, es decir, que absorbe conservadoramente las ideas de la modernidad para seguir en el poder, sino más bien una cultura reaccionaria y elitista que perdura en el tiempo y que termina por impregnar y darle sentido a los procesos de modernización y a los diversos grupos que han ocupado en momentos distintos el poder.

Lo que quiero decir es que esta cultura reaccionaria –que tiene como expresión política el autoritarismo- tiene también como uno de sus fundamentos el racismo. Dicho en otros términos, es reaccionaria porque es racista y autoritaria, y no porque sea solamente conservadora; porque reacciona frente al otro racistamente, porque lo considera inferior o, simplemente, porque lo ignora o lo reprime. Por ello racismo, poder y violencia son parte de una misma cadena que busca legitimar la dominación de las élites en nuestro país. Y si el racismo persiste y se hace más público, como sucede hoy, es porque la desigualdad y la pobreza aumentan, lo mismo que la segregación social y los privilegios y porque, además, existen guetos sociales en los cuales las élites se han “atrincherado”. Las murallas que hoy rodean a estos guetos y lo que está adentro, son las mismas murallas (por no decir causas) que impiden reconocer al otro como igual. El racismo, por ello, tiene que ver también con la cuestión social, es decir con las desigualdades y con la pobreza.

Bolsillos y autoritarismo

Por eso el autoritarismo está ligado también a lo que podemos llamar los bolsillos de las élites. Marx decía que el nexo principal entre los capitalistas y la sociedad es el bolsillo y eso, justamente, es lo que busca resolver el autoritarismo: que el vínculo no sea amenazado y menos roto. En este contexto, el autoritarismo es, como hemos dicho, un pacto de dominación con las élites dominantes y que, el caso peruano durante la época del fujimorismo, incluyó subordinadamente a los más pobres.

Ese pacto se mantuvo en esta década. La democracia volvió pero lo que no cambió fue el modelo económico que era el fundamento último del pacto autoritario1. No es extraño que en todos estos años hayamos visto cómo la tecnocracia fujimorista transitaba fácilmente de un régimen autoritario a otro democrático, como tampoco la protección de los intereses empresariales tanto como en uno como en otro régimen.

El 2006 fue un año distinto. Y es que los comicios de ese año en el Perú, al igual que los de Bolivia el 2002, permitieron que las diversas fracturas (política, social, económica, cultural, étnica y regional) se expresaran en toda su magnitud. En Bolivia esas fracturas, que siguen alimentando los enfrentamientos en ese país, llevaron a la caída primero del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre del 2003, luego a la renuncia del también presidente Carlos Mesa en junio del 2005 y, finalmente, al triunfo indiscutible de Evo Morales en las elecciones presidenciales de diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, lo más importante de ese año no fue sólo que estas fracturas y malestares se expresaran electoralmente vía la candidatura de Ollanta Humala sino –también- que ese malestar, luego de ese año, esté siendo organizado políticamente para poner a fin a dichas fracturas. Si en 1990 las élites, luego del fracaso de Mario Vargas Llosa, decidieron copar y cooptar a Fujimori y a su gobierno porque se sentían amenazados, hoy, por razones distintas, sienten lo mismo. El pacto de dominación está en cuestión y eso es lo que define su comportamiento.

Lo que hemos tenido todos estos años es esta extraña mezcla entre continuidad del modelo económico neoliberal y los intentos abiertos por imponer una cultura reaccionaria que tiene como uno de sus estandartes, curiosamente, al Opus Dei. Ello demuestra, claramente, el poco interés de estas élites por encabezar un proceso de modernización y modernidad de signo democrático y explica por qué hoy ese discurso autoritario es más violento. La presencia del componente racista, como lo demuestra el caso de Hilaria Supa, da cuenta de estas pretensiones que bien pueden acabar construyendo una suerte de fascismo criollo para construir una democracia que podemos calificar de censitaria.

Y es que en realidad detrás de este debate está, justamente, esta otra pretensión de excluir a los sectores más pobres –que simboliza la congresista Supa- de la democracia peruana. No es extraño que estos mismos sectores sean los que propongan la eliminación del voto obligatorio para “mejorar”, según ellos, la “calidad” del congreso cuando esa no fue, por ejemplo, una preocupación en el parlamento fujimorista. En realidad, lo que se busca, porque así lo han dicho varias veces, es excluir a los más pobres de las elecciones para que no voten por candidatos que desafíen sus intereses y sus privilegios.

En este contexto, lo que estamos viviendo en el país, sobre todo luego del juicio a Alberto Fujimori, es una ofensiva que busca convertir el escenario electoral del 2011 en un campo de batalla donde tenga lugar una suerte de “guerra civil política”. Por ello, hoy la derecha más reaccionaria vuelve los ojos al fujimorismo como una opción de contención, pero sobre todo como una fuerza política, como lo fue en la década de los noventa, capaz nuevamente de disciplinar el comportamiento de las clases populares. Lo que se busca, finalmente, como hoy sucede en otros países andinos, es impedir que los sectores populares construyan su propia representación y una nueva identidad que les permita ser una nueva mayoría política en el país.

Colofón

Soy un convencido de que la inmensa fractura que se visibilizó en el año 2006, bajo este modelo económico y esta democracia, será difícil, por no decir imposible, de cerrar. Por eso lo que debemos esperar para los próximos tiempos, más aún si le sumamos el impacto de la crisis económica, es el incremento de la conflictividad social y de la polarización política e ideológica. Pensar, por ello, en una democracia que obvie este conflicto y esta polarización es, simplemente, un error, por no decir una ingenuidad.

Negacionismo y lumpen intelligentzia

Negacionismo es la reinterpretación de la historia o la realidad a través de un prisma interesado en la promoción de una causa. Generalmente, se trata de “negar”, bajo parámetros intelectuales, hechos que por su propia naturaleza afectan intereses concretos.

Es, por ejemplo, decir que en la segunda guerra NO se produjo un holocausto y, aunque parezca mentira, hay grupos organizados para eso. Afortunadamente, el sólo hecho de negar públicamente este registro histórico es delito en la mayoría de países europeos.

En nuestro país, lamentablemente, el negacionismo no es delito. Por eso es que se afirma una tendencia tenebrosa a negar la realidad, a rechazar la existencia de bases para la conflictividad social, a menospreciar culturas de peruanos que representan realidades gravitantes en nuestra historia, a subvalorar la capacidad de otros de formar parte del destino del Perú en igualdad de condiciones y a negar conceptualmente los derechos humanos. Y es que los pobres, como dice Juan Pablo II en su Encíclica Centesimus Annus,son vistos por algunos como un “fardo pesado”.

La negación de la Comisión de la Verdad es otro ejemplo impactante de la cultura autoritaria, como si el eje central de dicha comisión hubiera sido concentrarse en los abusos de las fuerzas del orden y no en el esclarecimiento del horror que vivió el país durante 20 años por causa del terrorismo. Evidentemente, la estrategia subyacente es negar la historia si ella afecta colateralmente la noción de la violencia como método válido para gestionar la solución de conflictos desde las alturas del poder.

¿Por qué ocurre eso en el Perú? ¿Qué conexión mental defectuosa se orienta a desprestigiar, por ejemplo, a quienes se dedican a luchar por los derechos humanos? ¿Por qué eso logra un relativo éxito en determinados sectores, incluso educados?
Es difícil de creer que la idea de una Comisión de la Verdad, tan exitosa en países como Mozambique o Chile, haya sido tan vilipendiada en el Perú y con derroche de vocinglería. Impacta, igualmente, la curiosa especie de que “no estamos preparados para un Museo de la Verdad”.

Una cultura política elemental nos enseña que cualquier persona, sea de derecha, centro o izquierda,puede identificarse con una cultura de promoción y protección de los derechos humanos, como lo demuestra Mario Vargas Llosa, identificado con una posición políticamente liberal y conservadora y que, sin embargo, es un celoso defensor de esos derechos a nivel global.

No es esta la tendencia mayoritaria en el Perú, por suerte, pero la afirmación de una cultura autoritaria como el principal legado de la década pasada se percibe a cada instante, con grave daño para el tejido social del país.

Y el favor que se le hace a la derecha, que es una opción política válida, es realmente flaco y consiste en sus dificultades para hallar un espacio político diferenciado. En efecto, los “filósofos” del autoritarismo, que sociólogos de los setenta bautizaron como el “lumpen intelligentzia”, tienden a apropiarse de la zona conservadora y liberal con los riesgos que cabe imaginar para la viabilidad de esas opciones. (hf)

REFERENCIAS

(1) En este contexto el fujimorismo fue un producto de la crisis económica y de la violencia política (o terrorismo) y mucho menos consecuencia de la crisis política de los partidos ya que era lo primero y no lo segundo lo que amenazaba la reproducción de las clases dominantes.

Fuente: Le Monde diplomatique Año III, Número 25, Mayo de 2009. edición peruana (El Dipló).

Recomendado:

DISIDENCIAS, blog de Alberto Adrianzén.